La máquina del tiempo

Salvando las distancias, claro.

Las relaciones entre el Estado industrial y el empresariado en el peronismo

La estrategia peronista no concebía al Estado sinó accidentalmente como productor. En realidad, el modelo peronista era el de una economía mixta dónde la intervención estatal estaba limitada a una función de regulación del comercio y la producción. En consecuencia, la nacionalización de las empresas de propiedad enemiga, que convirtieron al Estado en industrial, fueron mas bien una excepción que la regla por la cual se orientaba la política económica oficial.
Las empresas fueron puestas luego bajo la presidencia del ministro de industria José Constantino Barro, quien impulsó una política de saneamiento y expansión del grupo industrial. En efecto, aún cuando en el estatuto se afirmó el carácter complementario de las empresas estatales con respecto a la industria privada, la DINIE avanzó sobre proyectos que, si bien intentaban sustituír importaciones, implicaban una competencia con las empresas de capital privado. Poco después de la nacionalización de las empresas, la dirigencia empresarial hizo oir sus advertencias. En 1947, durante el primer Congreso de la Economía Argentina, la Asociación Argentina de la Producción, Industria y Comercio criticó la injerencia estatal en la esfera productiva y comercial, y señaló "Las ventajas de la empresa libre, que se opone a todo monopolio, privado o estatal, exigiendo en cambio la competencia, fuerza potente que perfecciona los productos y los distribuye en volumen creciente, que reduce el costo, mejora la calidad, crea mas trabajo y a la postre beneficia a todos".
Los reclamos continuaron y cuando en 1948 se estableció el estatuto de la DINIE, los empresarios metalúrgicos señalaron que las atribuciones conferidas al secretario de Industria y presidente del organismo "podrían ser peligrosísimas si se pusieran en manos de funcionarios que, aún llenos de patriotismo y de sanos propósitos, apreciaran con criterio equivocado las finalidades que el Estado debe perseguir siempre que organiza empresas industriales". Reclamaron el cese de la actividad industrial estatal y el aliento a la industria privada y sostuvieron que la competencia estatal afectaba el principio constitucional de la igualdad ante la ley. Desde entonces las cámaras empresarias no dejaron de censurar los privilegios de las empresas estatales pero hallaron pocas respuestas, por lo menos hasta 1953.
La competencia de las empresas públicas se manifestaba en dos planos. Por un lado, estaban las empresas que, como las constructoras, se concentraron muy rápidamente en la satisfacción de la demanda del Estado (impulsada por los ambiciosos planes de obras públicas). En otros casos, como los laboratorios farmacéuticos, las empresas químicas, eléctricas y metalúrgicas, la competencia se presentaba también en el mercado.
La concentración de las empresas DINIE como proveedoras del Estado no dejó de preocupar seriamente a los industriales, quienes encontraban en la demanda pública una salida importante para su producción, en especial a partir de 1951. Así, en varias oportunidadesla Cámara de Industrias Metalúrgicas, liderada por Aquiles Merlini, criticó la competencia de las empresas DINIE en las licitaciones públicas. En 1952, la Cámara cuestionó los privilegios otorgados a la DINIE por el Ministerio de Transportes, que mediante una resolución de 1950 permitía adjudicarle "a posteriori" las licitaciones aún cuándo no hubiesen participado en ellas. Esta situación era mas grave aún en medio de una profunda crisis económica que amenazaba con paralizar la industria privada "Mientras las empresas metalúrgicas del Estado se aseguran su plena capacidad de producción mediante la singular situación de privilegio en que han sido colocadas".
Al iniciar su segunda presidencia, Perón intensificó, a travez del Plan Quinquenal, el papel industrial de la DINIE y se acordaron nuevos proyectos de fomento industrial. Sin embargo, a partir de 1954 la actividad del grupo comenzó a desacelerarse, como lo indican las cifras de las inversiones estatales. La renuncia del ministro de Industria, Rafael Amundarain, y su reemplazo por Orlando Santos marcó el inicio del retiro del Estado del grupo DINIE y los primeros proyectos de enajenación parcial.
El conflicto remite a las complejas relaciones entre los industriales y el régimen peronista. Por un lado, el régimen ambicionaba crear una serie de instancias de colaboración entre los empresarios y el gobierno. En este sentido, Perón intentó integrar a las filas de su gobierno a algunos dirigentes empresariales. Uno de los ámbitos donde esto sucedió fue precisamente el Consejo de Administración de la DINIE. Sin embargo, el conflicto entre Perón y la UIA, entidad que el gobierno mantuvo intervenida hasta su disolución en 1953, impidió la participación de sectores mayoritarios del empresariado. El fracaso de Perón en su intento de estructurar una comunicación orgánica con la dirigencia empresarial, lo dejó librado a contactos con ciertas personalidades y a la influencia de las cámaras sobre las distintas instancias de la burocracia estatal. Sólo a partir de 1953, con la creación de la Confederación General Económica, esa colaboración se hizo mas orgánica y menos circunstancial. Incluso, a partir de entonces, se advierte una presencia mas importante de empresarios industriales en el directorio de la DINIE.
Hasta entonces la DINIE planificó y llevó adelante una serie de proyectos que, como se indicó, implicaban una clara competencia con las empresas privadas en las industrias metalúrgica, del cemento, química e incluso farmacéutica, dónde crecía y se multiplicaba la influencia del capital extranjero. Esa orientación se diluyó hacia 1953 cuando la política oficial se amoldó en mayor medida a las exigencias empresarias. Entonces comenzó la liquidación de algunos activos mas importantes o la paralización de los proyectos competitivos, como la fábrica de Cemento "El gigante".

Fuentes:

"El estado empresario en la industria argentina" (Belini, Rougier // p.102-104 // Manantial)
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